Un exmilitar venezolano acusado en Estados Unidos de torturar a manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 2013 se encuentra detenido en un centro para migrantes en Miami. El exteniente coronel Rafael Quero Silva está peleando en los tribunales de inmigración por quedarse en EE UU, mientras por otro lado avanza el proceso en su contra por violaciones a los derechos humanos, en medio de la posibilidad de que sea deportado a Venezuela antes de una decisión en el caso.
La demanda en su contra fue presentada por cinco venezolanos que estuvieron detenidos entre 2013 y 2014 en la sede de la Guardia Nacional en Barquisimeto, en el Estado Lara, donde aseguran haber sido víctimas de tortura por órdenes del acusado. Según el pleito de 31 páginas, introducido en diciembre en el tribunal del Distrito Sur de Florida, Quero Silva era comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana y dirigió operaciones de represión durante las protestas antigubernamentales que estallaron tras las elecciones de 2013, que dieron como ganador a Maduro por un estrecho margen frente al opositor Henrique Capriles.
Las manifestaciones, que inundaron las calles en distintas ciudades, derivaron en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos y heridos y cientos de detenidos. Los cinco demandantes denuncian que fueron sometidos a golpizas severas, descargas eléctricas, disparos con armas de fuego y amenazas de muerte. También aseguran haber sido mantenidos durante días sin acceso a comida, agua o atención médica, en espacios reducidos e insalubres, en posiciones forzadas y sometidos a registros corporales invasivos. Algunos afirman haber sufrido lesiones graves que requirieron cirugías y dejaron secuelas permanentes.
Las violaciones formaban parte de un patrón sistemático de represión contra opositores, y Quero Silva estaba al mando de quienes ejecutaron los abusos, por lo que sería responsable directa o indirectamente, sostienen en la denuncia. Los demandantes, que están siendo representados por Guernica 37, un equipo internacional de abogados especializado en justicia transicional y violaciones de derechos humanos con sede principal en Madrid, junto a un bufete de Miami, buscan daños compensatorios y punitivos.
Uno de ellos fue detenido cuando participaba en una protesta cerca de una sede del Consejo Nacional Electoral en Barquisimeto, según documentos judiciales. Los guardias lo golpearon con el escudo antimotines mientras lo tenían sujetado con los brazos detrás de la espalda, y luego lo llevaron junto a otros detenidos a la parte trasera de un camión donde lanzaron una bomba lacrimógena y cerraron la puerta. Después fue dirigido al Destacamento 47, donde continuaron los abusos. Otro demandante recibió un disparo en el abdomen con un arma de fuego, lo que le provocó heridas graves que requirieron atención médica urgente y le dejaron secuelas, según el registro de la corte. Un tercero fue herido por disparos de armas antimotines en la espalda y la cara que le dejaron lesiones graves y tuvo que someterse a varias cirugías.
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